Se utilizaron armas españolas
en el campamento de Gdeim Iziz, contraviniendo la legislación española.
Durante los levantamientos
populares de la conocida como Primavera Árabe los medios de comunicación dieron
a conocer que se había utilizado para la represión civil armamento español
tanto en Libia --bombas racimo procedentes de la fábrica de Zaragoza-- como en
el Sáhara ocupado --con la acción de vehículos de doble uso en El Aaiún,
durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik, llamado el Campamento de
la Libertad--, pese a que la legislación española indica claramente que la
venta de armas a países en guerra o en zonas desestabilizadas está prohibida.
Con anterioridad, varias de
estas organizaciones suscribieron solicitudes de información relativas a la
venta de armas dirigidas a la Secretaría de Estado de Comercio, siempre con
respuesta negativa por acogerse a la Ley de Secretos de Estado. Para denunciar
estos hechos se desarrollaron campañas de presión activa sobre el papel
perverso del Estado español en la venta de armamento de origen español
destinado a Marruecos y se logró algún pequeño cambio de las actitudes. Estas
denuncias se basaban en la ocupación ilegal y violenta del Sahara Occidental,
desde la invasión del territorio en 1975 hasta la actualidad.
Con estos antecedentes no es
raro que durante el periodo de consulta pública abierto para el desarrollo del
anteproyecto de Ley de Transparencia, un grupo de organizaciones no
gubernamentales, entre las que se encuentran el Centre d'Estudis per la Pau
J.M. Delàs y diversas asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui hayan
presentado un conjunto de alegaciones por entender que la nueva ley "supone
un ataque al derecho al acceso de información pública relativa al comercio
exterior de armas".
De este modo, dentro del
procedimiento de consulta pública al que se ha sometido el Anteproyecto de Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, diferentes
organizaciones no gubernamentales de amplio espectro han presentado unas
alegaciones conjuntas denunciando el futuro texto de la normativa.
Entre las oenegés que se
adhieren a esta iniciativa se encuentra una organización dedicada al fomento de
una cultura de paz y la construcción de una sociedad desarmada y que, desde
1999, denuncia los efectos negativos del militarismo y el comercio de armas,
así como entidades firmantes son organizaciones sociales, jurídicas y de
solidaridad con el pueblo saharaui, como CEAS-SAHARA –la Coordinadora Estatal
de Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara-, Um Draiga –la asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón-, y organizaciones jurídicas como IAJUWS
-Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental-, el
Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, el Observatorio asturiano para
el Sahara Occidental y JUPADEHU –una agrupación de Juristas por la Paz y los
Derechos Humanos-.
LOS INTERESES DE LA
INDUSTRIA.- Las entidades firmantes denuncian que la opacidad del anteproyecto
y que la futura Ley “podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento
al considerar que la transparencia en esta materia puede perjudicar los
intereses de la industria armamentista”. Por estas razones consideran que en el
texto se vierte un secretismo calculado en relación con el comercio de armas
que según ellos “tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de
armamento”
De este modo, “en contra de
las pretendidas bondades democráticas que el Gobierno predica del anteproyecto
lo cierto es que una concepción democrática de la defensa exige, por el
contrario, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la
información relacionada con la defensa nacional”, subrayan los firmantes de las
alegaciones. Por ello solicitan “la modificación del anteproyecto para que se
incluyan, expresamente, la información relativa a la defensa y al comercio
exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la
información pública”.
Los ánimos no son
especialmente optimistas entre los impulsores de las alegaciones a la ley, pues
saben que es difícil que obtengan una respuesta favorable. De hecho, casi no
hace falta ni recordar la vinculación del actual Ministro de Defensa con las
fábricas españolas de armamento. El portavoz del Observatorio Aragonés para el
Sahara Occidental, Luis Mangrané, destaca que la presión mediática se ha
apagado en los últimos meses, pero no pierden totalmente la esperanza.
“No creemos que nuestras
propuestas vayan a tener un trato político favorable”, asegura, pero por otro
lado, no están dispuestos a tirar la toalla. Si sus peticiones caen en saco
roto, durante el trámite parlamentario están dispuestos a seguir plantando
batalla política para frenar un comercio de armamento que consideran inmoral.