En el Congreso de los
Diputados, y a petición de la Asociación Pro Derechos Humanos de España
(APDH-E), se han celebrado durante los días 27 y 28 de este mes de Junio de
2012, encuentros con cada uno de los 14 Grupos Políticos de esta legislatura,
para explicar la trayectoria y repercusión que está teniendo la Campaña /
Denuncia Internacional de los “Acuerdos De Madrid”, origen del drama
humanitario saharaui. Así como, para expresar el sorprendente comportamiento de
los diferentes gobiernos desde el inicio de la democracia, su falta de voluntad
de denuncia ante la ilegalidad de los mismos y por tanto, complicidad histórica
de algunos partidos políticos, en las terribles, dramáticas y nefastas
consecuencias que han acompañado al pueblo saharaui, durante los últimos 37
años.
En todas las reuniones, se ha
constatado la disposición y buena voluntad de los actuales representantes de
grupos políticos en la búsqueda de soluciones de este drama humanitario, y la
preocupación por los argumentos expuestos por la APDH-E en su clara
demostración de la ilegalidad de los mismos, tanto de los “Acuerdos de Madrid” y “Ley de Descolonización”, así como la
promulgación del “Decreto 2258/76”. Todos ellos, firmados y promulgados en un
claro intento de evadir las responsabilidades que como Potencia Administradora,
tenia y sigue teniendo España, de acuerdo al art. 73 / Cap. XI de la Carta de
Naciones Unidas.
Aceptando que el Estado
español tiene la obligación de cumplir lo establecido en nuestra Constitución, Carta de Naciones Unidas,
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales por él
firmados y ratificados:
La APDH-E, requiere una vez
más de nuestro Gobierno, al igual que lo hizo en la pasada legislatura con el
Sr. Zapatero, (sin contestación), demuestren la legalidad de dichos “Acuerdos”,
y en caso contrario, SOLICITA:
A) LA DENUNCIA de los “Acuerdos de Madrid”, y
del Decreto RD2258/76 (10 Agosto 1976) por procedimiento de urgencia.
B) LA RESTITUCIÓN inmediata de la nacionalidad
española a todos los saharauis censados en 1974 y sus descendientes, y así
mismo, los que puedan demostrar con la aportación de las documentaciones
correspondientes, su derecho a mantener u obtener la nacionalidad española.
C) El INICIO URGENTE de las acciones pertinentes
para entregar a las Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España
como Potencia Administradora en 1962, y que, al igual que en el precedente de
Timor Oriental, el Sahara Occidental quede bajo la “Administración de
Transición de las Naciones Unidas para Sahara Occidental”, como protección de la vida de sus habitantes,
sus recursos naturales y su promoción, como Territorio No Autónomo hasta su
descolonización a través del referéndum de autodeterminación correspondiente.
Si la Justicia es el principio
moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad, y dando a cada uno lo
que le corresponde, entonces, se le pide al Sr. Rajoy, Presidente del Gobierno y a todos los grupos
políticos, que actúen en consecuencia.
Jose A. Gimbernat, Presidente
APDHE