La repatriación de los
cooperantes españoles de los campamentos de refugiados saharauis por parte del
Gobierno constituye una concesión importante ante los grupos terroristas y
secuestradores que conocen la situación frágil de la población saharaui y su
dependencia de la ayuda internacional y de la solidaridad que ha sido clave
para solucionar problemas como el agua, los alimentos y las medicinas de los
cuales dependen los refugiados para seguir subsistiendo.
El Gobierno español tiene una
responsabilidad histórica con todo lo que ha surgido en el Sáhara Occidental a
raíz de la descolonización inconclusa y precipitada que ha desembocado en un
conflicto que sigue produciendo un gran sufrimiento en la población saharaui;
población que está viendo cómo son violados los derechos humanos en los
territorios saharauis que ocupa Marruecos hasta la fecha, mientras la otra
parte subsiste en unos campamentos de refugiados gracias a la solidaridad de otros
países que han apoyado y siguen apoyando al pueblo saharaui para recuperar sus
derechos sobre su tierra.
La decisión de evacuar a los
cooperantes castiga a los refugiados creando un drama humanitario que favorece
la suspensión de los proyectos de cooperación de los cuales depende la frágil
población que subsiste de la ayuda internacional.
El Gobierno debe reconsiderar
esta decisión y apostar por aliviar el sufrimiento de la población refugiada
saharaui que ha sido castigada por una acción terrorista que persigue
someternos al miedo. Un miedo que no ha prohibido a Londres celebrar los Juegos
Olímpicos, ni ha cambiado a Madrid después del 11-M.—