La medida del
gobierno español, de repatriar a los cooperantes, ya ha tenido un niño muerto,
en esos dias de ausencia forzada, por no tener acceso a las atenciones
anteriores.
Se compareció
ante los medios la Presidenta de la Coordinadora Asturiana de ONGd, Mercedes
Glez, el Vicepresidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui,
Alberto Suarez, y el Presidente del Observatorio Asturiano de ddhh en el
Sahara, Javier Glez Vega, quien acababa de llegar del Sahara, para contar el
rechazo unánime a la medida del ministro español, precipitada y poco
explicitada, el intento de restar apoyos a la población saharaui, y que los
objetivos de la misión se han cumplido a cabalidad, llamando a la atención
pública a poner los ojos en la situación de indefensión de los pobladores del
desierto, que echa de menos la cooperación española.
La medida del
gobierno español, de repatriar a los cooperantes, ya ha tenido un niño muerto,
al decir de MdM, en esos dias de ausencia forzada, por no tener acceso a las
atenciones anteriores.
No han
sentido ni una sola migaja de inseguridad y han escuchado a las Autoridades de
la República Árabe Saharaui Democrática su disposición a colaborar en caso
necesario con el gobierno español, lo mismo que hicieron con el gobierno vasco,
aceptando incluso modalidad de seguridad foráneas.
Ninguna
excusa, pues, para el gobierno español, que se ha visto desmentido asimismo por
la MINURSO de la ONU.
Se conviene
en que la medida del ministro era nada inocente, y que obedecía,
presumiblemente, al intento de desalentar la fuerte solidaridad ciudadana con
el Sahara: los servicios secretos españoles fueron ¿tal vez? intoxicados por
los policías marroquíes.
A los
campamentos viajan entre 3 y 5mil personas al año, en una convivencia ciudadana
en la que los cooperantes son una minoría.
Según la
legalidad internacional España es todavía la responsable de la descolonización
del Sahara, 37 años después de la traición de Franco.
El Movimiento
de Solidaridad ha sabido estar, otra vez, a la altura, por encima de los
gobiernos, y persistirá en su compromiso con el pueblo saharaui para no dejarles
rendirse por hambre.
La delegación
estuvo acompañada de numerosos medios de comunicación, también por la
televisión autonómica de Asturias.
Resolución de
la Coordinadora Asturiana de ONGD sobre la situación en el Sahara
Oviedo, 7 de
agosto de 2012.- Tras la reunión mantenida en el día de ayer con las
organizaciones asturianas que trabajan en los Campamentos de Refugiados Saharauis
en Tindouf y el Delegado del Frente Polisario en Asturias, Abdu Mohamed Fadel,
la Coordinadora Asturiana de ONGD en el ejercicio del compromiso que mantiene
con la causa del pueblo saharaui, hace publica la siguiente resolución:
Las ONGD
desarrollan su labor habitualmente en situaciones de conflicto en los países en
los que trabajan. En los últimos años se han incrementado los esfuerzos en el
desarrollo de diferentes mecanismos e instrumentos, consensuados y compartidos
con sus copartes, autoridades locales, AECID y Agencias de Naciones Unidas
(NN.UU.), para garantizar la seguridad del personal desplazado al terreno,
constituyendo una prioridad absoluta en la ejecución de sus proyectos.
La decisión
de evacuar al personal de las ONGD desde Tindouf el 28 de julio pasado,
adoptada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, contrasta con el incremento y
mejora en las medidas de seguridad a raíz del secuestro ocurrido en el mes de
octubre, articuladas por el Gobierno de la RASD y el Gobierno de la Republica
de Argelia así como las medidas adoptadas por las organizaciones en el terreno.
Tales medidas de las que el Ministerio y la AECID tienen constancia, proporcionan
un marco de actuación que garantiza la continuidad de los proyectos de
cooperación así como de otras acciones solidarias como han sido la reciente
celebración del SaharaMarathon y el Festival de Cine del Sahara, transcurridos
sin ningún tipo de incidente en un clima de completa normalidad.
El conflicto
en el Sahara Occidental está estancado desde 1991, a la espera de un
referéndum de autodeterminación que debido a la intransigencia del Reino de
Marruecos y la pasividad de Naciones Unidas, no termina de celebrarse.
Señalamos
especialmente la responsabilidad de España, que tal como lleva sucediendo los
últimos 37 años, sigue sin dar pasos en la resolución del conflicto, obviando
su responsabilidad como potencia administradora del territorio (tal y como se
recoge en la resolución 2072, de 17 de diciembre de 1965 de la Asamblea General
de la ONU y posteriormente en otras [1]), lo que condena a la población
saharaui al refugio en los Campamentos de Tindouf. Cientos de miles de personas
se encuentran en una situación de absoluta necesidad de atención y asistencia
por parte de las agencias internacionales de Ayuda Humanitaria y Cooperación al
Desarrollo. Como consecuencia de los recortes presupuestarios, los envíos de
alimentos y medicinas no llegan a cubrir las necesidades de la población.
La
Coordinadora Asturiana de ONGD exige una vez mas al Gobierno español que se
haga eco del sentir de la sociedad española articulada en torno a las cientos
de asociaciones de solidaridad, ONGD y Ayuntamientos, que a través de
iniciativas y proyectos de cooperación, acciones de sensibilización y denuncia,
día a día, expresan públicamente su apoyo al Pueblo Saharaui, ejerciendo un
papel activo y firme en la exigencia de la convocatoria y celebración de un
referéndum libre, transparente, verificable e imparcial que contemple la opción
de la independencia del Sahara Occidental.
[1] Esta
cualidad de España como "potencia administradora" del Sahara
Occidental fue expresamente reiterada por varias resoluciones posteriores de la
Asamblea General: resoluciones 2229 (de 20 de diciembre de 1966), 2354 (de 19
de diciembre de1967), 2428 (de 27 de diciembre de 1968), 2591 (de 16 de
diciembre de 1969), 2711 (de 14 de diciembre de 1970), 2983 (de 14 de diciembre
de 1972) y 3162 (de14 de diciembre de 1973). Desde entonces la única
calificación de la presencia de Marruecos que se contiene en las resoluciones
de las Naciones Unidas es la de potencia ocupante siendo España, aún, la
potencia administradora del territorio, si no de facto, sí de iure.