El juicio contra 24 saharauis
acusados de su implicación en la muerte de 11 agentes marroquíes durante el
desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik (afueras de El Aaiún, en el
Sahara Occidental) en noviembre de 2010 se reanudó hoy en Rabat entre protestas
de los abogados defensores.
Los letrados se quejaron de
que el tribunal militar que los juzga haya admitido, sin consultar con la
Defensa, la presentación de nueve testigos solicitados por la Fiscalía que
aparecieron hoy en la corte, así como el hecho de que sea un tribunal militar
el que juzga a civiles (aunque la ley marroquí así lo contempla cuando la
víctima es un agente del orden).
La Defensa recordó la
irregularidad de la detención, al menos de una decena de personas, que fueron
detenidas en sus domicilios sin tener ninguna relación con los hechos violentos
que estallaron tras el desmantelamiento del campamento y al producirse esas detenciones
sin la preceptiva orden de arresto de un juez o sin informar a sus familias.
Como el pasado viernes, los 24
saharauis entraron en la sala vestidos con sus túnicas tradicionales y
entonando eslóganes independentistas, algunos en español, pero no
protagonizaron incidentes mayores.
Además de los 80 policías de
distintos cuerpos presentes en la sala, numerosos juristas llegados de varios
países europeos, especialmente España e Italia, estuvieron presentes como
observadores en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años.
Dos eurodiputados españoles, el
socialista Antonio Massip y el izquierdista Willy Meyer, miembros ambos del
Intergrupo Parlamentario por el Sahara Occidental y conocidos simpatizantes del
independentismo saharaui, asistieron como observadores.
Meyer, que precisamente
durante el conflicto de Gdaim Izik trató de viajar a El Aaiún y fue entonces
expulsado por las autoridades marroquíes antes de poner el pie en tierra, agradeció
hoy poder estar presente en el juicio, pero lo denunció de inmediato "por
carecer Marruecos de ninguna jurisdicción sobre un territorio pendiente de
descolonización".
A las afueras del tribunal, como
ya sucedió la pasada semana, los familiares de los detenidos saharauis y de los
agentes marroquíes muertos protagonizaron, sin mezclarse, sendas
concentraciones: los primeros denunciando el carácter "político" del
juicio; los segundos, reclamando justicia.
Estos últimos repartieron
comunicados en varios idiomas en los que denunciaron "las tentativas sistemáticas
de instrumentalizar esta causa y desvirtuarla, intentando con subterfugios
quitar al caso su carácter criminal".
Con ello se refería a las
imágenes difundidas entonces profusamente por el gobierno marroquí en la que
los cadáveres de algunos agentes muertos en aquellos disturbios eran vejados
por desconocidos.
De hecho, algunos de los
cargos más graves sobre los acusados son "violencia contra las fuerzas del
orden con resultado de muerte, premeditación y mutilación de cadáveres", que
de probarse podrían acarrear hasta la pena capital.
Sin embargo, las asociaciones
independentistas, que cada vez se expresan más abiertamente en los lugares
públicos marroquíes, están presentando el caso como "un proceso a la causa
saharaui".
Ayer, varias de estas asociaciones
convocaron una rueda de prensa en la que reclamaron "justicia para todos",
al lamentar que el juicio solo persiga a los presuntos autores de la muerte de
los once agentes y ni siquiera exista una causa abierta sobre la muerte de los
dos saharauis caídos también en los mismos incidentes de Gdaim Izik.