Un Tribunal Militar, sin
jurisprudencia alguna, dictamina en la madrugada del domingo 17 de febrero de
2013 un veredicto de extrema dureza, ante la pasividad de la comunidad
internacional.
El pasado 1 de Febrero se
constituyó en Rabat el Tribunal Militar que, sin competencia alguna, ha juzgado
durante más de una semana a 24 saharauis que permanecían desde noviembre de
2010 en la cárcel de Salé Rabat (Marruecos) por haber participado en el
Campamento de Gdeim Izik. En este campamento, organizado a las afueras del
Aaiún – capital del territorio del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por
Marruecos – se concentraron más de 20.000 saharauis para denunciar sus
condiciones de vida bajo la ocupación militar.
Este gesto de resistencia
pacífica del pueblo saharaui marcó el inicio de la primavera árabe.
Tras permanecer más de dos
años en prisión, los presos políticos saharauis han escuchado, en la madrugada
del domingo 17 de febrero de 2013 la sentencia dictaminada por el Tribunal
Militar de Rabat, en la cual se contemplan las siguientes penas: 9 cadenas
perpetuas, 4 a
30 años de prisión, 7 a
25 años de prisión, 3 a
20 años de prisión y 2 han sido puestos en libertad ya que la sentencia es
inferior al tiempo que ya han pasado en prisión preventiva.
Las imágenes hablan por sí
solas: “Gdeim Izik: El Campamento de la Resistencia Saharui” y demuestran que
fue Marruecos quien violentamente desmanteló el Campamento de Gdeim Izik el
pasado 8 de noviembre de 2010.
Han pasado más de dos años
tras el brutal ataque de Marruecos hacía la población civil saharaui, tiempo en
el cual la Comunidad Internacional se ha mantenido pasiva. Comportamiento que
ha mantenido ante el Juicio Militar y tras el conocimiento de la severa
sentencia.
Tal y cómo señala el jurista
internacional, Carlos Ruiz Miguel, “como el hecho sucedió en un territorio
invadido, se encuentra bajo el IV Convenio de Ginebra que protege a las
víctimas civiles de conflictos armados. Los procesados, por ejemplo, debían
estar detenidos en su país, el Sáhara Occidental, y no en el territorio del país
ocupante. Además, ser enjuiciados por un tribunal no político”. Marruecos no
tiene jurisprudencia para Juzgar a la población civil saharaui. Nos encontramos
ante más de un incumplimiento de la legalidad internacional, por lo tanto, esta
sentencia no puede ser reconocida.
Estos días de juicio han
puesto de manifiesto la farsa organizada por Marruecos. El juicio es un
instrumento de política genocida del gobierno de Marruecos, contra el pueblo
saharaui y abalado por la Comunidad Internacional que, siendo conocedora de la
grave violación sistemática y diaria de Derechos Humanos que ejerce el gobierno
de Marruecos hacia la población saharaui, se limita a continuar negociando con
Marruecos para obtener el mayor beneficio económico en detrimento de la población
saharaui y de la población de sus países, que a diario muestran el apoyo y
sensibilización hacia el Pueblo Saharaui. A día de hoy España continua siendo
la potencia administradora del Sahara Occidental, por lo tanto, España es
responsable de todo lo que le sucede a la población saharaui y de todo lo que
sucede en el territorio no autónomo del Sahara Occidental.
No se puede encarcelar la
dignidad del pueblo saharaui.
No se puede truncar durante 38
años la libertad de un pueblo impunemente.
Hasta la victoria final
Seguimos.
Libertad Presos Políticos!!!
Sahara Libre!!!
Por Patricia Hidalgo Fuentes,
17 febrero 2013