Más de dos años en prisión
después, un tribunal militar ha condenado a 22 de los 24 presos políticos
saharauis detenidos tras el desmantelamiento de Gdeim izik. A nueve de ellos
los condena a cadena perpetua. 14
a más de 20 años de prisión. Y dos quedan en libertad
por el tiempo que han permanecido en prisión. La defensa lo considera una
condena "brutal", sobre todo, dicen, porque "en el juicio no se
mostró ni una sola prueba que pudiera hacer dudar de la inocencia de los
acusados". Aseguran que "es un día negro para la justicia marroquí y
mundial".
Siete horas de deliberación
bastaron para que los jueces que componían el tribunal militar marroquí que
juzgó a 24 presos políticos detenidos tras el desmantelamiento de Gdeim Izik
determinara una de las sentencias más brutales que se recuerdan en la
administración judicial alauita. Nueve sentencias cadenas perpetuas -una de
ellas a un saharaui juzgado en rebeldía-, 30 años de prisión para otros cuatro
ciudadanos saharauis, 25 para siete más y 20 años para tres de ellos. Dos han
quedado en libertad, después de entender los jueces que con el tiempo que han
permanecido en prisión desde su detención es suficiente como pena.
El juicio, después de varios
aplazamientos, se ha celebrado en nueve días en los que ha habido más de 100
horas de sesiones interminables. Tras finalizar, en siete horas el tribunal
militar dictó la sentencia que dejó a los abogados de la defensa “perplejos y
asombrados”. Inés Miranda, abogada canaria que da soporte a los letrados que
defienden a los saharauis, aseguró que “no hay fundamento jurídico en la
sentencia. No ha habido ni una sola prueba que ni siquiera pudiera hacer dudar
de la inocencia de los acusados”. Sostiene que “había imprecisión en el número
de víctimas”, por las que se acusaba a los 24 saharauis y “no había ninguna
relación entre los hechos narrados por la acusación y los imputados”.
Además, los abogados de la
defensa denuncian que todas las declaraciones previas de los acusados no se
obtuvieron en un proceso de instrucción normal sino bajo tortura. En el juicio
se intentó explicar esta situación, a lo que, según diferentes fuentes, el
tribunal militar ordenaba silencio porque no era causa que se juzgara la
tortura, sino los hechos. Miranda sostiene que “ha habido continuas
irregularidades durante el proceso, comenzando por la detención, tras el
desmantelamiento de Gdeim Izik”.
Y en qué se basa el jurado
para determinar una pena, otra o la libertad. Pues no queda claro en el relato
de los hechos expuestos ni tampoco en la sentencia. La defensa mantiene que “se
trata de un desatino completo. No había ningún hecho concreto por el que le
preguntaran” y destacan que la Fiscalía marroquí “mostró la foto de varios
acusados en el campamento de Tinduf como un elemento de carga”. La defensa, en
el juicio, respondió que entonces “todo el cuerpo diplomático marroquí debería
estar encausado en el proceso, al reunirse en multitud de ocasiones con
miembros del Frente Polisario”.
Inés Miranda concluye que “ha
sido un juicio político” en “un día negro para la justicia marroquí porque ha
tenido un momento magnífico para demostrar que se está democratizando”. Y
extiende la responsabilidad al señalar que “no deja de ser un día negro para la
Justicia en todo el mundo”.