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| Hassanna_aalia Hassanna Aalia y su abogado, Javier Canivell, han comparecido en Bilbo. (Marisol RAMÍREZ/ARGAZKI PRESS) |
El Gobierno español ha rechazado la
petición de asilo realizada por el activista saharaui Hassanna Aalia, condenado
a cadena perpetua por un tribunal militar de Rabat por participar en el campamento
Gdeim Izik. Le ha dado un plazo de 15 días para abandonar el Estado español,
pese al castigo que le espera y del riesgo de ser torturado si regresa a
Marruecos.
CEAR-Euskadi ha denunciado la denegación de
asilo político por parte del Ministerio español de Interior al activista
saharaui Hassanna Aalia, de 26 años, detenido y torturado en más de una ocasión
en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Aalia fue juzgado en rebeldía y
condenado en febrero de 2013 por un tribunal militar de Rabat a cadena perpetua
por su participación, tres años antes, en el Campamento de la Dignidad de Gdeim
Izik, en las afueras de El Aaiún, violentamente desalojado por las fuerzas de
seguridad marroquíes.
La resolución de Interior del pasado 19 de
enero admite que Aalia, que en 2011 vino a Euskal Herria e estudiar, cumple los
requisitos para que se le ofrezca protección internacional, pero alega que
tiene un proceso en Marruecos y le da un plazo de 15 días para abandonar el
Estado español.
Las denuncias de organismos internacionales
sobre el incumplimiento de las garantías mínimas en aquel juicio militar y las reiteradas
denuncias de vulneraciones de derechos humanos por parte de Marruecos no fueron
tomadas en cuenta por Madrid. Su abogado y letrado de CEAR-Euskadi, Javier
Canivell, ha anunciado la presentación inmediata de un recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional española y la solicitud
de suspensión cautelar de la salida obligatoria, mientras se multiplican las
iniciativas de para tratar de evitar su expulsión.
Miembro de la Asociación Saharaui de
Víctimas por los Derechos Humanos (ASVDH) y del medio informativo Equipe Media
(EM) en Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, Aalia asegura que la
denegación de su asilo, que había sido respaldada por ACNUR, está relacionada
con los intereses económicos del Estado español respecto a Marruecos que «están
por encima de los derechos humanos y del pueblo saharaui».
En una entrevista publicada en GARA en
febrero de 2013, aseguraba que «desde niño tomas conciencia de vivir en un país
ocupado»
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