El conflicto del Sáhara Occidental tiene su
inicio en un proceso de descolonización no concluido y bloqueado
sistemáticamente por el Reino de Marruecos, mediante una ocupación militar
ilegal del territorio y la presión sobre terceros países en busca de apoyos
para sus pretensiones.
Este proceso descolonizador debería
concluir con la celebración de un referéndum de autodeterminación. Referéndum
avalado por diferentes resoluciones de distintos organismos internacionales
(Resolución 1514 de las NN. UU. del 14/12/1960, resoluciones de la Asamblea
General y la Cuarta Comisión de las NN. UU., Tribunal Internacional de Justicia
(1975), resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, resoluciones de la
Unión Europea, Unión Africana, Congreso y Senado de España, etc.)
España es responsable de esta situación ya
que fue la potencia colonizadora, etapa que duró casi un siglo, finalizando con
la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid en el año 1975,
propiciando así la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y
Mauritania. España sigue siendo, según la ONU y el derecho internacional,
potencia administradora "in jure" de este territorio, pero en vez de
ejercer como tal se ha posicionado a favor del invasor favoreciendo las
pretensiones anexionistas de Marruecos.
España ha promovido iniciativas para la
firma de acuerdos preferenciales entre la UE y Marruecos que incluyen el
territorio del Sáhara Occidental (acuerdos pesqueros, agrícolas, extracción de
minerales, etc.).
Ha vendido material militar a Marruecos,
material que ha quedado sobradamente demostrado que ha sido utilizado para la
represión y el genocidio sometido por el reino alauita sobre la población
saharaui.
Ninguno de los diferentes gobiernos
españoles ha denunciado abiertamente esta situación de genocidio y vulneración
de los derechos humanos ni ha denunciado la ocupación por parte de Marruecos,
utilizando en la mayoría de las ocasiones un falso doble lenguaje con el que
pretende contentar a todas las partes.
Teniendo en cuenta que el referéndum de
autodeterminación es la única salida legal y justa para los procesos de
descolonización, proceso con el que Marruecos se había comprometido formalmente
con la firma del Plan de Paz del año 1991, y que España sigue siendo la
potencia administradora "in jure" del territorio es obligación del
gobierno español tomar, de una vez por todas, las medidas oportunas para la
celebración de dicho referéndum. Cumpliendo así con la deuda histórica que
tiene con la que fue en su día la 53ª provincia española.
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