Fuente: IU Europa; 04/05/2017
La eurodiputada de
Izquierda Unida Paloma López ha elevado a la Comisión Europea el caso de los
trabajadores saharauis de Fosbucraa, quienes llevan más de una década
reclamando al Estado que reconozca sus derechos en materia de Seguridad Social.
La empresa, dedicada a la explotación de los yacimientos de fosfatos en el
Sáhara Occidental, fue de capital 100% estatal hasta 1977, cuando el Instituto
Nacional de Industria vendió la mayor parte de sus acciones a otra empresa
estatal marroquí. Esto implica, y así fue recogido en la Ley 27/2011, que el
Gobierno está en la obligación de reconocer y compensar los derechos que
generaron estos trabajadores, incluidas las pensiones.
En una pregunta escrita,
López señala que en 2003, “los afectados saharauis del Comité de trabajadores y
jubilados de Fosbucraa en el Sáhara Occidental y la UGTSARIO iniciaron, junto a
las organizaciones sindicales españolas CCOO y UGT, la reclamación de las
cantidades adeudadas por la Seguridad Social española a los trabajadores
saharauis” que, como ellos, habían estado empleados por empresas españolas
durante el período colonial español.
Sus reclamaciones no
cayeron en saco roto y de hecho, el 2 de agosto de 2011, en la publicación en
el BOE del texto de la Ley 27/2011, sobre Actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, quedaron recogidos sus derechos
en la Disposición adicional cuadragésima segunda. Este punto daba dos meses de
plazo al Gobierno para presentar a la Comisión de Trabajo e Inmigración un
informe que recogiera “una relación de las personas saharauis que trabajaban en
empresas españolas el 26 de febrero de 1976, momento en el que España se retiró
del Sahara Occidental”. Además “de las personas trabajadoras afectadas”, el
informe debía incluir “el coste, su fórmula de articulación y los plazos”.
Sin embargo, ninguno de
los gobiernos españoles se ha pronunciado al respecto desde entonces, con lo
que el Estado, desde el punto de vista de López, puede estar violando el
artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 12 de
la Carta Social Europea, relativos a los derechos de Seguridad Social.
“Queremos denunciar y
esperamos que la Comisión Europea nos dé la razón, en que el Gobierno español
está violando los derechos fundamentales de los trabajadores saharauis al
privarlos de su Seguridad Social, después de haberlos utilizado como mano de
obra en sus negocios coloniales”, explica la eurodiputada, para quien “la
construcción de una democracia avanzada en España exige la resolución de las
responsabilidades de su pasado colonial”.
Y este compromiso, añade,
“debe extender a la celebración inmediata de un referéndum de autodeterminación
para el Sáhara Occidental”.
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