La sala de lo Criminal del Tribunal de
Salé, ciudad próxima a Rabat, ha ratificado la pena de cadena perpetua para
siete de los integrantes del denominado Grupo Gdeim Izik, tras seis meses de
juicio civil. Otros doce acusados fueron condenados a penas que oscilan entre
los 30 y 20 años mientras que dos fueron puestos en libertad porque la condena
impuesta era inferior al tiempo permanecido en prisión preventiva.
El Consejo General de la Abogacía ha
acreditado a numerosos abogados para que asistieran como observadores en varias
de las audiencias celebradas, junto con juristas de Francia, Italia, Estados Unidos, Suecia, Noruega,
Dinamarca y Alemania. Todos los observadores han denunciado diversas
irregularidades durante el juicio, como por ejemplo el desprecio hacia las
reiteradas denuncias de torturas a los acusados durante su detención y
encarcelamiento, que no han sido investigadas y por las que los abogados de la
defensa llegaron a solicitar la suspensión del juicio, igualmente denegada. Los
acusados alegaron que sus confesiones habían sido recabadas y firmadas por
ellos bajo torturas y se declararon inocentes de todos los cargos.
Los observadores también han recalcado
durante el proceso lo inadecuado de que los acusados permanecieran en prisión
preventiva durante aproximadamente siete años desde que tuvieron lugar los
hechos hasta la sentencia. Igualmente, se ha denunciado que los acusados
permanecieran en las vistas judiciales en Rabat en una “pecera” de cristal
dentro de la cual no se escuchaban las alegaciones de las diferentes partes en
el juicio, o que se admitieran en el proceso continuas argumentaciones de los
abogados de la “acción civil” contra los acusados basadas en cuestiones
políticas sobre el Sáhara y Marruecos y sin correspondencia con los hechos que
se enjuiciaban.
PROTESTAS EN 2010
El grupo de activistas saharauis fue
detenido en 2010 cuando participaba en las protestas que tuvieron lugar en el
campamento de Gdeim Izik organizado a las afueras de El Aaiún. Ahí se
concentraron más de 20.000 saharauis en lo que hoy se considera la primera
manifestación de la ola de protestas civiles que posteriormente se extendió por
la cuenca del Mediterráneo dando lugar a la denominada Primavera Árabe.
Los motivos que llevaron a movilizarse al
pueblo saharaui son la ausencia de derechos sociales, civiles y políticos que
se deriva de la ocupación del territorio por parte del Reino de Marruecos en el
contexto de un conflicto por la soberanía del Sahara que sigue latente. El campamento fue desmantelado
por las autoridades marroquíes haciendo uso de la violencia y se saldó con
trece muertos: once policías marroquíes y dos civiles.
El Tribunal Militar de Rabat procesó y
sentenció el 16 de febrero de 2013 por estos hechos a un grupo de 25 activistas
a los que impuso penas muy elevadas y bajo la sospecha de haber utilizado
testimonios auto inculpatorios obtenidos bajo tortura tratando de buscar un
castigo ejemplarizante. Nueve acusados fueron condenados a cadena perpetua; 4 a
30 años; 7 a 25 años y 3 a 20 años.
Posteriormente, el Tribunal de Casación de
Rabat, mediante sentencia firme procedió a declarar nulo el juicio y sentencia
del Tribunal Militar de Rabat seguido contra el grupo de activistas saharauis,
y declaró la remisión del procedimiento a la jurisdicción ordinaria para la
celebración de un nuevo juicio, enviando el procedimiento al Tribunal Penal de
Rabat.
De este modo, el tribunal de Penal de
Rabat, sección de Sale, reanudó el juicio el 26 de diciembre de 2016 y hasta la
fecha se han celebrado audiencias a las que han asistido observadores
internacionales. Por la parte española, la Fundación Abogacía ha extendido
acreditaciones a los abogados y abogadas que han expresado su deseo de asistir
a las audiencias en calidad de observadores judiciales y a través de su
testimonio se ha podido realizar un seguimiento del proceso.
Las penas impuestas son muy similares a las
impuestas en su día por el Tribunal
Militar de Rabat y las denuncias por la falta de debida diligencia se han
repetido ante el que es considerado un juicio sin garantías procesales para los
acusados.
CONDENA AL PUEBLO SAHARAUI
La Asociación Profesional de Abogados
saharauis en España (APRASE), algunos de cuyos miembros han asistido al juicio
contra los activistas saharauis en calidad de observadores internacionales
acreditados por la Abogacía Española, han hecho pública una nota en la que
critican duramente estas condenas. APRASE considera que van contra todo el
pueblo saharaui con el objetivo de silenciar sus protestas
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